En pleno debate sobre el proyecto de Ley que el Gobierno quiere enviar al Parlamento sobre la Memoria Histórica y la exaltación de la República, el Congreso de los Diputados se va a ver en la tesitura de debatir una propuesta para suprimir la actual monarquía parlamentaria e instaurar la III República española. No es una broma. La Comisión Constitucional del Congreso, la misma que tramitó el Estatuto Catalán, debatirá una propuesta de reforma de la Constitución en ese sentido.
Se trata de una petición individual realizada por el ciudadano Jaime D’Urgell i Rubio amparada en los artículos 29 y 77 de la Constitución Española, en la que solicita de la Presidencia del Congreso de los Diputados que promueva la apertura de un proceso de reforma constitucional dirigido a la “supresión de la monarquía”, “instaurar la Tercera República”, “que todos los cargos públicos sean electos”, “que avance la separación entre el Estado y la Iglesia” y, finalmente, que “se restablezca la memoria de quienes en el pasado entregaron sus vidas para defender la legalidad y las legítimas instituciones surgidas de las urnas”.
Dice el citado ciudadano que la pervivencia de la monarquía “resulta extemporánea, opuesta al sentido común, alejada del sentir mayoritario de la población y contraria al principio de igualdad ante la ley”, razones por las que considera que debe suprimirse y sustituirse por una república, “fórmula de gobierno que reflejará con mayor transparencia, equilibrio y auto control, el deseo de la sociedad de participar en la gestión de los asuntos de la cosa pública, en base a los principios de libertad, igualdad y fraternidad”. Pues el caso es que en el Congreso han admitido a trámite la propuesta.
La Comisión de Peticiones de la Cámara Baja, que preside el diputado socialista Jordi Marsal Muntalá, decidió trasladar esta solicitud de apertura de un proceso de reforma constitucional a los portavoces la Comisión Constitucional que preside, a su vez, el diputado socialista Alfonso Guerra.
Ahora les toca a los diputados Ramón Jáuregui (PSOE), Federico Trillo (PP), Josep Antoni Durán i Lleida (CiU), Joan Tardá (ERC), Gaspar Llamazares (IU), Paulino Rivero (CC), Begoña Lasagabaster (EA) y Aitor Esteban (PNV), debatir tan singular propuesta ciudadana que, en buena parte, coincide con las expresiones laudatorias hacia la II República del propio Rodríguez Zapatero y que, seguro, contará con bastantes adeptos entre la actual composición del Congreso de los Diputados.
¡¡ Para Flipar ¡¡
Joder lo que están dando de sí los trenes de Atocha y este Presidente por accidente.
Maquiavelo
Editorial de ABC, 25 de Julio de 2006
La otra parte de la memoria histórica
EL Gobierno sigue empeñado en someter a la sociedad española a una sobredosis de memoria histórica tan inoportuna como contraproducente. Ni siquiera se trata de un ejercicio objetivo, sino que las conclusiones están predeterminadas como si fuera una película de «buenos» y «malos». Es, en concreto, una memoria selectiva: todos los focos apuntan hacia 1936, mientras que la atención se desvía cuidadosamente respecto de los hechos acaecidos en 1934, una genuina revolución contra la legalidad republicana, en la que participaron personajes cuya imagen interesa preservar. Es evidente que la historia o se escribe entera o se convierte en una manipulación al servicio de causas partidistas. Mal asunto cuando hay que ocultar una parte de los acontecimientos porque no interesan al Gobierno de turno. La objetividad sólo se consigue después de un largo esfuerzo de estudio y documentación y mediante un serio análisis para contrastar posiciones y argumentos. Es fácil suponer, por tanto, que nada bueno puede surgir de una revisión apresurada, sesgada y oportunista, cuya única intención es ahondar las diferencias entre los españoles con el objetivo insensato de romper los acuerdos plasmados en la Constitución de 1978. Por lo demás, si la intención es tener contento a un grupo de intelectales afines mediante el reparto de prebendas, es evidente que el daño que se causa a la convivencia es muy superior al beneficio que unos pocos van a conseguir.
Un ejemplo claro de esa memoria selectiva se encuentra en el callejero de nuestras ciudades y pueblos. En rigor, los países importantes no pierden ni un minuto en cuestiones tan minúsculas. Entre nosotros, la fiebre del cambio de nombres produjo durante la Transición algunas modificaciones significativas, de manera que las referencias al anterior jefe del Estado o a los personajes principales del régimen autoritario han desaparecido en su gran mayoría. En cambio, la «otra» memoria histórica permanece inalterable. Y así, los políticos de la República aparecen con toda naturalidad en la nomenclatura de las calles y plazas sin que ello haya supuesto trauma alguno al ciudadano.
En el fondo, la extraña actitud revanchista que alienta Rodríguez Zapatero parece encaminada a alterar esa naturalidad con que los españoles vivimos, treinta años después, la superación de los traumas de la Guerra Civil y de la época de Franco. En particular, muchos jóvenes (con la inestimable ayuda de un sistema educativo que no incentiva el estudio responsable de la Historia de España) apenas conocen los nombres y lo que significaron personajes de uno y otro bando, y es probable que no sepan distinguirlos de los políticos y militares de épocas anteriores. El sentido común exige que se encauce pronto este revisionismo absurdo, utilizado como cobertura pseudoideológica de un proyecto político inaceptable para la gran mayoría de los ciudadanos.
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22.07.06 @ 17:58